El divorcio en España tiene sus raíces en la Ley de Régimen Económico de las Familias, aprobada en 1977, que introdujo el divorcio como una opción legal para parejas casadas. Esta ley fue un reflejo de la transición democrática y la necesidad de modernizar las relaciones familiares. Inicialmente, el divorcio era un proceso largo y costoso, con requisitos estrictos y una regulación compleja.
A lo largo de los años, el divorcio en España ha evolucionado hacia un proceso más accesible y menos burocrático. La Ley de Enjuiciamiento Civil y Comercial de 1985 simplificó los requisitos y redujo los plazos, mientras que la Ley de Reforma del Procedimiento Civil de 2015 introdujo el divorcio exprés, que permite la disolución del matrimonio en un solo acto judicial. Esta evolución refleja la adaptación de la ley a las demandas sociales y la necesidad de proteger los derechos de las parejas.